ESCUELA DE PARTICIPACIÓN:
Actividades y tareas realizadas por el alumnado del curso de la Universidad de Zaragoza, coorganizado con el Gobierno de Aragón: Certificación de Extensión Universitaria en Técnicas de participación ciudadana.
Breve crónica de la clase del 15/2/2018 de Ana Isabel Beltrán, jefa de servicio de Transparencia del Gobierno de Aragón:
Por Luis San José Fernández
Tercera sesión del curso de Técnicas de Participación Ciudadana, impartida por Ana Isabel Beltrán Gómez con el tema Gobierno Abierto: Transparencia. La experiencia del Gobierno de Aragón.
Hoy se ha disertado sobre esa palabra que está tan de moda: “Transparencia”, y que sin embargo para muchos, su contenido es un perfecto desconocido.
Aunque hay países que cuentan con legislación sobre la Transparencia desde hace más de dos siglos (p.ej. Suecia), España ha sido uno de los países que más ha tardado en implantarla. Esta Ley afecta a las distintas Administraciones. Se tramitó en 2012 y entró en vigor en 2013 (Ley 19/2013) para quedarse ya definitivamente.
Por ella se obliga no solo a las distintas Administraciones, sino también a cualquier entidad perceptora de fondos públicos a publicitar de manera transparente y periódica toda la información, estructurada en categorías, que señala la propia Ley.
Dicha Ley, junto con la Constitución y demás leyes aplicables, garantizan a cualquier ciudadano poder acceder a toda la información pública, con las lógicas salvedades que: afecten a la seguridad del Estado, a la intimidad de las personas o al esclarecimiento de delitos, principalmente.
Por último, obliga a los responsables públicos a desarrollar buenas prácticas de gobierno, fiscalizando sus actuaciones y estableciendo las consecuencias jurídicas en caso de incumplimiento.
Cuando el ciudadano solicita el derecho de acceso a una determinada información, puede ocurrir que se le dé acceso total o parcial, pero también que la petición no se admita o sea denegada, en función de las limitaciones establecidas en la propia Ley.
En cuanto a los portales que las distintas administraciones han puesto en marcha, hay que reconocer la ingente cantidad de información que contienen y que puede extraerse de ellos, si bien es cierto que esa complejidad hace que, en muchos casos, el ciudadano sin amplios conocimientos se pierda navegando para encontrar datos concretos e incluso que llegue a desistir, experimentando en estos casos un sentimiento de frustración, la cual desaparecería si de alguna manera se orientara al usuario a hacer uso de algo tan simple como el buscador que todas las webs tienen y que no siempre se acude a él, en vez de perder tiempo intentando descubrir donde se ubica la información solicitada.
Algo que choca con el derecho a la información es el hecho de que la mayoría de formularios, para hacer una petición soliciten información personal, además de una cuenta de correo, para realizar su envío, cuando esto debería ser anónimo. Hay algún portal, como el de la Transparencia del Gobierno de Aragón, que a pesar de tener los campos de identificación, admiten cualquier registro sin que sea excluyente su falta de autenticidad para poder realizar la petición.
Luis San José Fernández
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