Post de Ana Gabriel Zúñiga incluido en el hilo de artículos que forman parte del Tema-LAAAB ‘Experimentar [en/con/a través de] las instituciones’ capitaneado por Paola Ricaurte.

     

    Al día de hoy, no se ha logrado establecer una expresión del sistema político más efectiva que la democracia, lo cual no quiere decir que no sea sujeta de cuestionamientos, frustraciones y desencanto social. Por lo que en un contexto de crisis, como el que enfrentamos en la actualidad, es imperativo implementar procesos y políticas públicas innovadoras que garanticen un acercamiento de la ciudadanía a la toma de decisiones.

    Para que cualquier proceso de innovación sea exitoso en lo público, debe nacer en un ecosistema multisectorial y abierto, permitiendo nutrirse de las diversas realidades, enfoques y demandas de la ciudadanía. Esto implica tomar riesgos, experimentar e indagar en nuevas formas de ejercer la política, para poder transformar la realidad y garantizar así un impacto real en la vida de las personas.

    En contextos tan desiguales como los latinoamericanos, se debe entender la innovación democrática más allá de las tecnologías de la información y reconocer en los mecanismos offline la efectividad de dinamizar la gestión de lo público. Es así, como dedicaré esta entrega a comentar tres procesos en los que estuve directamente involucrada como Viceministra de la Presidencia en Diálogo Ciudadano del 2014 al 2018.

    El primer experimento fue crear un Viceministerio de Diálogo Ciudadano en la Presidencia de la República, en un contexto socio-político en el que habían constantes acciones colectivas y expresiones ciudadanas de disconformidad con el Poder Ejecutivo. Para poder revertir esta desconfianza en las autoridades públicas por parte de los diferentes sectores y poblaciones, se implementaron espacios de diálogo horizontales y de buena fe dirigidos a solucionar conflictos o a co-crear política pública.

    Entre los procesos de diálogo que se emprendieron destacan: la Mesa de Diálogo con las poblaciones LGTBI para la priorización conjunta de acciones dirigidas a garantizar el disfrute pleno de sus derechos humanos, la co-creación del Mecanismo General de Consulta Indígena, la atención a las personas afectadas por el nemagón con décadas de atraso en una atención integral a su situación social, la instalación de mesas de trabajo territoriales para atender las principales demandas en las diversas regiones.

    El experimento tuvo buenos resultados y luego de dos años de arduo trabajo, el Estado de la Nación identifica que se da una baja significativa en la conflictividad del país, afianzando así la paz social. Para ver más detalles de esta medición se puede acceder al Informe correspondiente.

    Otra gran apuesta fue la implementación de la agenda de Gobierno Abierto como prioridad, apostando no sólo por la transformación del Poder Ejecutivo, si no también de los otros Poderes de la República. Esto implicó la firma de un Convenio de Estado Abierto en marzo del 2017 por parte de las Presidencias de los Poderes, convirtiendo al país en el primero en contar con una agenda clara con enfoque de Estado Abierto, según estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

    Nada de esto hubiera sido posible sin el liderazgo de las organizaciones de sociedad civil, que con su claridad y vehemencia plantearon las prioridades de la agenda, los retos, desafíos y las exigencias. Pero además, trabajaron arduamente en cada uno de los procesos emprendidos a lo largo de esto 4 años para que Costa Rica lograr ser un verdadero Estado Abierto. La política de datos abiertos, el decreto de acceso a la información pública, el protocolo de diálogo democrático y otros esfuerzos, fueron realizados de manera co-creada y abierta para incorporar la mayor cantidad de enfoques y realidades.

    Pero de todos los experimentos emprendidos, el más retador fue la co-creación del Mecanismo General de Consulta para Pueblos Indígenas. Este proceso de diálogo intercultural duró dos años e implicó realizar cuatro visitas a cada uno de los veinticuatro territorios indígenas, además de sesiones regionales y dos grandes Encuentros Nacionales con personas delegadas indígenas de todo el país.

    El proceso fue complejo, al inicio los pueblos no confiaban en nosotras y no querían participar de la construcción del Mecanismo, ante lo cual debimos dialogar, cambiar la ruta planteada cuantas veces fuera necesario, traducir los documentos, estudiar sus cosmovisiones y respetar sus procesos internos de toma de decisión. Todo esto permitió tener un enorme resultado, más allá del decreto, logramos empoderar a personas indígenas que ahora cuentan con más herramientas para defenderse y exigir la sostenibilidad del Mecanismo.

    La forma en que co-creamos el Mecanismo fue única en la región, reconocido así por el Sistema de Naciones Unidas. Esto nos reafirmó que la mayoría de los problemas entre la institucionalidad y los pueblos indígenas, radica en la ausencia de espacios de diálogo intercultural y en la poca flexibilidad del sistema para adaptarse a diversas cosmovisiones y realidades. Lo importante es que el proceso significó el inicio de una serie de reformas para erradicar estas malas prácticas estatales.

    Ninguno de estos procesos fue perfecto ni suficiente, siempre es posible hacer más y hacerlo mejor, pero lo actuado fue trascendental para transformar las realidades de muchas personas que no veían satisfechas sus necesidades desde la institucionalidad.

    La fórmula para tener éxito en la innovación política es precisamente no depender de ninguna fórmula y tener la capacidad de escuchar, emprender, experimentar, equivocarse, devolverse y comenzar de nuevo. Es así, como se podrá alcanzar el resultado deseado, que en este caso es una democracia más robusta y participativa.

     

    Ana Gabriel Zúñiga Aponte, Costa Rica

    • Egresada de la Maestría en Gerencia de Políticas Públicas Sociales del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Viceministra de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano (2014-2018). Responsable del diálogo con sectores y poblaciones, la implementación de la agenda de Gobierno Abierto y la relación con los pueblos indígenas. Se redujo la conflictividad social de manera significativa según el Estado de la Nación, se logró ser el primer país con estándares de la OCDE en establecer una estrategia de Estado abierto y se elaboró el primer Mecanismo de Consulta Indígena co-creado de América Latina. Asesora legislativa (2011 y 2013). Derechos humanos, seguridad ciudadana y medio ambiente. Activista en el movimiento estudiantil y en colectivos de sociedad civil relacionados con la lucha por la igualdad de género y la defensa del medio ambiente. Actualmente me desempeño como consultora experta en Estado abierto, participación ciudadana y diálogo intercultural.

    • Mostrar comentarios (0)

    Tu email no será publicado. Los campos obligatorios están marcados con *

    Comentario

    • Nombre

    • Email

    • Sitio web

    Ads

    Puede que también te interese

    Ricardo Amasté | Escuela de participación

    ESCUELA DE PARTICIPACIÓN: Actividades y tareas realizadas por el alumnado del curso de la ...

    Ricardo Amasté | Escuela de participación

    ESCUELA DE PARTICIPACIÓN: Actividades y tareas realizadas por el alumnado del curso de la ...