ESCUELA DE PARTICIPACIÓN:
Actividades y tareas realizadas por el alumnado de la Certificación de Extensión Universitaria en Técnicas de participación ciudadana en el curso 2018/2019.
Esta formación es fruto de la colaboración entre la Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado del Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza.
Breve crónica de la clase impartida el 10/1/2019 por Ana Isabel Beltrán Gómez, jefa de servicio de Transparencia del Gobierno de Aragón.
Por Priscila Pérez Casanova | @Pris_Casanova
Ana Isabel Beltrán Gómez, Jefa del Servicio de Transparencia de Gobierno de Aragón, puso de relieve como ha sido desde 2011 cuando la transparencia ha entrado de manera específica a formar parte de la política y la administración pública en España. Esto ha significado que se han elaborado en estos últimos años nuevas leyes sobre la transparencia que fomentan, fundamentalmente, el derecho de la ciudadanía a la información. Un proceso que ha contado con las nuevas tecnologías como medio clave para lograr este fin.
Toda la legislación desarrollada persigue gobiernos más abiertos, más transparentes, promoviendo que los ciudadanos estén más informados y puedan así participar en los asuntos públicos siendo más críticos. Esto obliga a que los gobiernos y administraciones públicas sean más cuidadosas, difundan de forma periódica, veraz, objetiva, accesible, comprensible y actualizada información y en consecuencia, faciliten un mayor grado de implicación con la ciudadanía y el bien hacer.
En concreto, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno obliga a una publicidad activa, reconoce el derecho de acceso a la información y promueve que los responsables públicos se vean obligados a fomentar y crear un buen gobierno. A través de esta ley se establecen unos estándares mínimos de publicidad activa aplicados a todo el sector público estatal, autonómico y local entre otros entes. De esta manera se regulan las condiciones y el procedimiento para ejercer los derechos a estar informado.
Por su parte la Comunidad Autónoma de Aragón publicó la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón. Ambas normativas establecen su ámbito subjetivo de aplicación, encontrándose entre otros sujetos obligados, las entidades que integran la administración local, que deberían adaptarse con sus medios a las obligaciones derivadas de esta ley. Es más, aunque un ayuntamiento concreto no cuente con una plataforma telemática para gestionar las solicitudes de acceso, se deben poder plantear las preguntas por escrito con registro de entrada como cualquier otra gestión.
Por lo tanto, respecto a las entidades locales y la transparencia, éstas se guían por la legislación estatal y autonómica, pudiendo aprobar ordenanzas propias en materia de transparencia y derecho de acceso. Cabe apuntar que la Federación Española de Municipios y Provincias aprobó en 2014 una ordenanza tipo de transparencia, acceso a la información y reutilización a la que las localidades podían acogerse.
Hay muchas otras entidades que están obligadas por estas Leyes a cumplir las responsabilidades que conlleva la transparencia; desde organismos autónomos y agencias estatales, pasando por las universidades, descendiendo hasta los partidos políticos y fundaciones.
Más allá de la teoría, cabe subrayar que comprobé la eficacia del Servicio de Transparencia del Gobierno de Aragón mediante una pregunta que realicé a través de la web https://transparencia.aragon.es/. La cuestión formulada no pudo ser contestada porque no era de su competencia pero desde este servicio me aclararon la manera de hacerlo en la administración correspondiente.
Desde mi punto de vista, el Servicio de Transparencia del Gobierno de Aragón todavía no se conoce lo suficiente y gran parte de la ciudadanía no es consciente del poder que la ley les concede a nivel informativo. Personalmente, me sorprendió comprobar la eficacia, rapidez y transparencia al hacer mi pregunta a través de la sede electrónica. Animaría a promover una mayor difusión y conocimiento ciudadano de este servicio.
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